cláusula suelo

Las claves del Decreto-Ley de cláusulas suelo

El BOE del pasado sábado recoge el Real Decreto-Ley de cláusulas suelo, que establece un procedimiento extrajudicial para la devolución de las cantidades cobradas de más a las personas consumidoras. El documento final, que entra en vigor hoy mismo, aclara las dudas surgidas durante las últimas semanas. El sitio web “El BOE nuestro de cada día” ha analizado el contenido del Decreto-Ley y hace hincapié en los puntos clave siguientes:

¿Cómo van a informar los bancos a sus clientes?

El texto es ambiguo en cuanto a las obligaciones de los bancos a la hora de avisar a sus clientes con este tipo de condición en sus hipotecas -o que las hubieran tenido-. De hecho, el artículo 3 no aclara ese punto:
Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario
Pero, ¿cómo lo garantizarán? Aunque el artículo anterior no es nada concreto, la disposición adicional primera aclara sus obligaciones: deberán informar de las posibilidades de reclamar y de la existencia de una oficina para resolver esa cuestión en sus páginas webs y en todas sus oficinas. Así, el texto no obliga a utilizar otros métodos como el envío de cartas a todos los afectados.

¿Qué pasa si el banco considera que no debe devolver nada?

En corto: nada. Hasta que dicte algo contrario un juez, claro. El Decreto-Ley no establece ningún tipo de sanción ni obligación. Aunque el texto establece que este mecanismo es obligatorio para las entidades, no lo es de facto. Ante una reclamación, los bancos tienen tres opciones, que valorarán:

1) Si consideran que deben devolver algo, enviarán al cliente el cálculo -incluidos intereses- y, si este lo aprueba y se lo pagan, se acaba el procedimiento de forma satisfactoria. En este caso, pueden pactar devoluciones de otro tipo, como aminorando lo que queda por pagar de la hipoteca u ofreciendo otros productos, que tendrá que valorar económicamente y el cliente deberá aceptar por separado y de forma manuscrita.

2) Si consideran que sus cláusulas no fueron abusivas, pueden responder justificando por qué creen que no lo son. Y, así, no incluir ese cálculo, porque consideran que no hay nada cobrado de más. Esta comunicación pondría fin al procedimiento y el cliente podría ir a juicio.

3) Pueden no hacer nada. Aunque esa posibilidad no está establecida de forma explícita, sí lo está que el trámite de tres meses finaliza si el banco no da respuesta a una reclamación. Eso sí, durante esos tres meses, mientras está a la espera, el consumidor no puede acudir a los tribunales.
Así, si los bancos quieren evitar devolver las cantidades cobradas por este procedimiento, como algunos parece que van a hacer por no considerarlas abusivas, ganan tiempo. En total, cuatro meses desde hoy: el mes que da el Gobierno a las entidades para poner en marcha el procedimiento y la oficina para atender estas reclamaciones, y los tres meses de plazo para tramitarlas.

¿Qué hipotecas están afectadas?

La norma no excluye hipotecas ya pagadas ni da fechas desde las que se aplica. Eso sí, habla de que afectará a “determinadas” hipotecas que incluyen cláusulas suelos. ¿Cómo se sabe si está afectada? La norma, en su exposición de motivos, remite a la sentencia del Tribunal Supremo, centradas en la falta de transparencia y de información sobre los efectos de las mismas.
En el procedimiento extrajudicial, serán los propios bancos quienes valoren si sus hipotecas entran en estos parámetros. Si el cliente va a los tribunales, será el juez el que lo decida.

¿Cómo quedan las costas?

Como han adelantado varios medios, si el cliente no está de acuerdo con la propuesta de su banco y va a juicio, las entidades solo pagarán las costas si la decisión del juez es más beneficiosa para el consumidor que su propuesta. Si el cliente va a juicio sin pasar por este proceso y la entidad solo parte de lo demandado, la situación será similar: la entidad solo paga costas si la resolución final es superior a lo que aceptó pagar.
El Decreto-Ley también establece costes mínimos de aranceles notariales y registrales para las nuevas inscripciones de las hipotecas tras las negociaciones o las resoluciones judiciales.

¿Y la declaración de la renta?

Las devoluciones no se integrarán en la base imponible ni se pagarán retrasos pero, eso sí, podrán obligar a realizar declaraciones complementarias si gracias a lo pagado -y ahora devuelto- se han practicado deducciones en los impuestos anteriores por inversión en vivienda habitual u otro tipo de gasto deducible. Así, quienes reciban la devolución y hayan podido reducir los impuestos a pagar en su declaración gracias a esas cantidades, deberán volver a hacer el cálculo y realizar una declaración complementaria.
Aplicará a todos los ejercicios que no hayan prescrito -por regla general, a los cuatro años del último día del plazo para presentarla, lo que significa que aplicaría, por regla general, a las declaraciones desde el ejercicio 2011.

¿Por qué se aprueba este decreto-ley ahora?

Aunque la exposición de motivos afirma que se hace para “avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores” que han aprobado Gobierno y Cortes, sin aclarar a qué medidas se refiere, esta norma está dirigida, según el propio texto, a evitar la sobrecarga de los tribunales tras la sentencia del 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo abusivas y no solo desde 2013, como había marcado el Tribunal Supremo.

Por último, desde la Unión de Consumidores recomendamos que NO NEGOCIES con los Bancos y Cajas porque corres el riesgo de que te vuelvan a engañar. NADA SIN LA MEDIACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE TU ASOCIACIÓN, SIN LA MEDIACIÓN Y EL ASESORAMIENTO DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES.

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